La semana pasada se conoció que un adolescente de 16 años fue imputado del delito de «amenazas calificadas por anonimato» por ser el presunto autor de pintadas en un establecimiento educativo de la región en las que se anunciaba que se iba a producir un tiroteo con consecuencias letales para los alumnos de la institución.
Fuentes de judiciales le confirmaron a Carlos Paz Vivo que hay otros 7 menores involucrados en pintadas que se realizaron en distintos colegios de la zona luego de que ocurriera la tragedia de San Cristóbal (Santa Fe) el pasado 30 de marzo en la que un adolescente de 15 años sacó una escopeta y disparó en varias ocasiones hacia sus compañeros causando la muerte de un chico de 13 años y heridas en otros tres.
En las semanas posteriores, como si se tratara de un «reto viral», en muchas escuelas de la Argentina aparecieron pintadas con amenazas de tiroteos, con fecha precisa.
Córdoba no fue la excepción y Punilla y Carlos Paz tampoco. Hubo suspensión de clases y protocolos que se activaron con denuncias concretas en organismos judiciales que activaron investigaciones.
Las imputaciones
La primera imputación llegó la semana pasada y está enfocada en un adolescente de 16 años que por su edad es punible y por lo tanto fue acusado de amenazas calificadas por anonimato.
Pero la confirmación que obtuvo Carlos Paz Vivo este martes da cuenta de que hay otros 7 estudiantes que si bien tienen menos de 16 años, son pasibles de una imputación más allá de que no sean pasibles de una sanción condenatoria.
En los 7 casos se los imputó de «participación activa» en los hechos, lo que, en términos jurídicos se refiere al grado de involucramiento físico y material del menor en el hecho.
En estos casos se intentará determinar si los menores fueron autores directos de las amenazas, coautores o cómplices.
Más allá de que el Gobierno provincial anunció que habrá sanciones económicas contra los padres de los menores involucrados, en lo estrictamente legal si la participación activa queda demostrada y el menor es considerado «peligroso para sí o para terceros», el juez puede disponer de una medida de tutela o el internamiento en un instituto especializado, pero siempre bajo un enfoque de resocialización y no de castigo penal.
Una de Cal y las amenazas escolares: La participación activa, más allá de los judicial