La Sala Acusadora del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz resolvió este miércoles no admitir la denuncia presentada por Santiago Juliá contra el defensor del Pueblo, Víctor Curvino, y cerró así la primera instancia del pedido de juicio político que había comenzado a analizarse el lunes.
La definición se produjo después del cuarto intermedio dispuesto en la primera reunión, cuando los integrantes de la Sala no habían recibido la documentación necesaria para analizar el planteo. Con el expediente ya en sus manos, los seis concejales finalmente fijaron posición y la mayoría se inclinó por declarar inadmisible la denuncia.
El resultado fue de cuatro votos contra dos. Por la inadmisibilidad se pronunciaron Leonardo Villalobos, Raquel Merlino, Claudio Bocchetti y Marcela Bosch, todos integrantes de Carlos Paz Unido. En tanto, Daniel Ribetti y Pía Felpeto, de Juntos por Carlos Paz, votaron a favor de admitir la presentación.
El oficialismo fundamentó su postura, entre otros argumentos, en que las expresiones cuestionadas de Curvino se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión y que los hechos denunciados no configuran un incumplimiento grave de sus funciones.
En esa línea, los concejales que rechazaron la admisión sostuvieron que el juicio político debe reservarse para situaciones de gravedad institucional y advirtieron sobre el riesgo de “judicializar banalidades”.
La posición de quienes impulsaron la admisión fue diferente. Ribetti y Felpeto consideraron que las conductas atribuidas al defensor del Pueblo exceden el ejercicio de la libertad de expresión y pueden constituir un incumplimiento reiterado de sus funciones, particularmente por lo que interpretan como una actividad de carácter político-partidario incompatible con las obligaciones del cargo.
El planteo de Juliá
Juliá había presentado la denuncia original el 14 de agosto y posteriormente la amplió el 21 de agosto con documentación relacionada con distintas intervenciones públicas de Curvino correspondientes al período 2023-2026.
El planteo buscaba que la Sala analizara si esas actuaciones podían resultar incompatibles con las condiciones de independencia e imparcialidad exigidas al titular de la Defensoría del Pueblo.
Con la votación de este miércoles, la Sala Acusadora resolvió que la denuncia no supera la instancia de admisibilidad y, por lo tanto, no avanzará el proceso de juicio político a partir de este planteo.
La resolución deja expuesta una diferencia política dentro del cuerpo: mientras los cuatro representantes del oficialismo consideraron que no existe una conducta de gravedad suficiente para habilitar el mecanismo constitucional, los dos concejales de Juntos por Carlos Paz entendieron que sí había elementos para abrir la instancia de análisis.
Así, el pedido de juicio político contra Curvino quedó frenado en su primera etapa, luego de una definición que se produjo por mayoría de cuatro votos a dos.