Fue condenado por no retirar de edificios públicos pancartas en apoyo a los secesionistas presos
El independentista Quim Torra fue inhabilitado este lunes para ejercer como presidente de Cataluña luego de que el Tribunal Supremo español confirmara una pena en su contra por desobediencia, en una decisión inédita en democracia que precipitó su inmediata su salida del Gobierno regional y desencadenó de nuevo la tensión política en España.
Se trata de la segunda vez en la historia reciente de Cataluña que el presidente regional es destituido de su cargo por una autoridad del Estado, aunque hace tres años el expresidente Carles Puigdemont fue cesado por el Gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy, y ahora Torra cayó por la vía judicial.
Torra aceptó el veredicto, pero lo hizo reivindicando la desobediencia, al asegurar en un discurso dirigido hacia sus simpatizantes que “la única manera de avanzar es a través de la ruptura democrática”, y que “hay que empujar” hacia un choque.
El ya expresidente, quien reprochó a los poderes del Estado español haber dado un nuevo “golpe” contra el independentismo, abandonó el Palacio de la Generalitat- sede del Ejecutivo regional- dándose un baño de masas entre gritos de “independencia” y “libertad” de centenares de independentistas que se agolparon en la plaza Sant Jaume de Barcelona para respaldarlo, sin preocuparse por cumplir con los mínimos recaudos del protocolo sanitario contra el coronavirus.
Tras anunciarse el fallo, esperado desde hacía unos días, las principales organizaciones civiles independentistas y los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) convocaron protestas que reunieron a cientos de personas ante los ayuntamientos en toda Cataluña.
En Barcelona, se vivieron momentos de tensión con la policía, cuando entrada la noche los manifestantes arrojaron piedras a los agentes en las inmediaciones del Parlamento catalán tras forzar las rejas e ingresar por la fuerza en el parque de la Ciudadela, donde se encuentra la sede legislativa.
Los partidos independentistas calificaron la inhabilitación de Torra como un “ataque a la democracia”, mientras la oposición reclamó elecciones urgentes en Cataluña.
Al tiempo que la izquierda criticó el fallo por desproporcionado, el derechista Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox lo celebraron como un logro propio, al haber impulsado la demanda contra Torra.
Desde el Ejecutivo español, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dijo que “no correspondía” al Gobierno valorar la sentencia, pero añadió que “convendría” que “sean los catalanes los que hablen”, apoyando la celebración de elecciones.
El Tribunal Supremo tomó una decisión inédita contra el presidente catalán
No obstante, poco antes de conocerse el fallo, el ministro de Universidades, Manuel Castells, había calificado de “exagerado” inhabilitar a Torra por negarse a retirar, durante la campaña electoral de abril de 2019, pancartas y lazos amarillos de edificios públicos catalanes en apoyo a líderes secesionistas encarcelados por el intento fallido de independencia de 2017.
Los jueces del Supremo, en una sentencia unánime, desestimaron el recurso de casación de Torra y ratificaron una sentencia de la Justicia catalana de diciembre de 2019, que lo inhabilitó por un año y medio por desobedecer a la Junta Electoral Central.
Torra -que finalmente retiró los símbolos pero fuera de tiempo- admitió que desobedeció la orden alegando su derecho a la libertad de expresión, pero el Supremo subrayó que no se valora ese derecho individual sino que, como presidente, incumplió “de forma obstinada” las órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es “garantizar (…) la neutralidad de los poderes y administraciones públicas” en procesos electorales.
Ratificada la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó su ejecución, notificando a Torra de “abstenerse” desde hoy a ejercer sus funciones.
Además, el tribunal instó al Gobierno catalán a oficializar el trámite para que el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, actúe como presidente, tal como estable la ley de autogobierno regional para este tipo de casos.
A partir de ahora se abre un período de varios meses que desembocará en elecciones anticipadas previsiblemente a fines de enero o principios de febrero.
Es la primera vez desde el retorno a la democracia en España que un presidente autonómico -regional- pierde su cargo por un delito de desobediencia.
El expresidente Artur Mas fue condenado por el mismo delito por celebrar una consulta secesionista en 2014, pero la sentencia se conoció cuatro años después, cuando ya no ejercía.
La decisión del Supremo contra Torra, en cambio, llega después de que el líder secesionista rechazara convocar a elecciones en medio de la segunda ola de coronavirus.
Además, cae en un momento en el que los partidos independentistas catalanes -que gobiernan en coalición- se encuentran divididos en su estrategia política de cara a defender sus reivindicaciones ante el Ejecutivo de coalición español que encabeza el socialista Pedro Sánchez.
Torra es una figura muy polémica del independentismo, un activista radical que asumió el cargo de presidente en nombre de su antecesor, Carles Puigdemont, cuyo partido ganó los comicios celebrados hace casi tres años estando él en Bélgica, adonde huyó tras ser imputado por el fallido proceso de secesión de 2017.
El final de Torra despeja el camino a ERC, el partido del exvicepresidente preso Oriol Junqueras, favorito en las encuestas electorales y más proclive a pactar con el Ejecutivo de Madrid, que necesita a los independentistas para su propia estabilidad.