Fue elaborado con la participación del Observatorio de la Obra Pública -Uocra, Camarco, CIN, UBA, Unsam, Poder Ciudadano y Cippec, con aportes de agentes estatales como el Consejo Económico y Social, la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y la Oficina Anticorrupción.