El
legislador
Walter
Gispert
se
presentó
por
segunda
vez
en
la
Fiscalía
del
Primer
Turno
de
Carlos
Paz
para
ampliar
la
denuncia
realizada
a
principios
de
este
año
contra
el
intendente
Esteban
Avilés.
En
un
reciente
episodio
de
controversia
política,
el
intendente
de
la
ciudad
y
siete
de
sus
concejales
han
sido
acusados
de
violar
la
Carta
Orgánica
en
lo
que
respecta
al
aumento
de
tasas
y
tarifas.
La
denuncia,
presentada
por
el
Legislador
Walter
Gispert,
sostiene
que
las
acciones
tomadas
por
los
funcionarios
municipales
no
solo
son
ilegales,
sino
que
también
atentan
contra
los
derechos
de
los
habitantes
de
la
ciudad.
Según
informaron
desde
el
Frente
Cívico,
la
primera
denuncia
surgió
cuando
el
oficialismo
en
el
Concejo
de
Representantes
cedió
atribuciones
al
Ejecutivo
para
realizar
aumentos
de
tasas
“dentro
de
los
límites
de
la
inflación”.
Gispert
entendió
que
según
la
Carta
Orgánica,
cualquier
aumento
de
tasas
requiere
un
proceso
de
doble
lectura,
con
mayoría
en
ambas
instancias,
además
de
una
audiencia
pública
entre
ambas
lecturas
y
un
intervalo
de
quince
días
entre
ellas;
procesos
que
estuvieron
ausentes.
Y
aseguro
que
la
Carta
establece
explícitamente
que
no
se
pueden
ceder
atribuciones
al
Departamento
Ejecutivo,
algo
que
fue
ignorado
al
autorizar
los
aumentos
por
decreto,
bajo
la
excusa
de
“adecuar
las
tasas
según
la
inflación”.
“A
pesar
de
la
primera
denuncia,
hace
un
mes
se
presentó
un
segundo
aumento
de
tasas.
Esta
vez,
el
proceso
fue
aún
más
expeditivo:
se
aprobó
una
ordenanza
con
una
sola
lectura,
otorgando
un
aumento
del
20%
a
la
ciudadanía.
Este
procedimiento
no
incluyó
ni
la
doble
lectura
ni
la
audiencia
pública,
y
fue
votado
por
mayoría
simple”,
sostuvieron
desde
la
oficina
del
legislador.
“La
ampliación
de
la
denuncia
ya
ha
sido
presentada,
y
el
denunciante
carlospacense
espera
que
esta
situación
se
resuelva
conforme
a
la
legalidad.
Argumenta
que”de
permitirse
estos
procedimientos,
el
Concejo
podría
subvertir
hasta
el
sistema
de
gobierno
municipal.
Además
de
violar
la
Carta
Orgánica,
se
estaría
negando
el
derecho
de
los
ciudadanos
a
expresarse
y
a
ser
escuchados
en
una
audiencia
pública”,
sostuvo
Gispert.