La
Cámara
Criminal
y
Correccional
de
6°
Nominación
de
la
ciudad
de
Córdoba
condenó
a
tres
años
de
prisión
condicional
a
los
empresarios
Iván
Aballay
y
Héctor
Oscar
Baistrocchi
por
los
delitos
de
facilitación
de
lugar
para
consumo
de
estupefacientes
doblemente
agravada
y
homicidio
culposo.
Los
imputados
reconocieron
su
responsabilidad
penal
en
la
muerte
de
la
joven
Tania
Abrile,
durante
una
fiesta
electrónica
que
ellos
habían
organizado
en
el
Orfeo
Superdomo.
El
tribunal
también
les
impuso
una
inhabilitación
por
seis
años
para
llevar
a
cabo
cualquier
actividad
relacionada,
directa
o
indirectamente,
con
la
organización,
producción,
promoción,
supervisión,
o
administración
de
eventos
de
música
electrónica.
También
deberán
realizar
trabajos
comunitarios
durante
tres
horas
semanales
por
el
término
de
dos
años
en
la
Fundación
Moviendo
Montañas.
La
decisión
fue
adoptada
durante
un
juicio
abreviado.
Previamente,
la
Fiscalía
de
Cámara
en
lo
Criminal
y
Correccional
Subrogante
había
llegado
a
una
conciliación
con
la
defensa
de
los
imputados
y
con
el
representante
legal
de
los
padres
de
la
víctima
y
con
estos
últimos,
quienes
también
suscribieron
el
acuerdo.
Entre
otras
cosas,
dicho
acuerdo
prevé
que
los
imputados
publiquen
una
solicitada
en
medios
de
comunicación
y
redes
sociales
(ver
Archivo
Adjunto)
en
la
que
reconozcan
públicamente
su
responsabilidad
penal
en
el
deceso
de
la
joven
Tania
Abrile.
Es
más,
los
empresarios
Aballay
y
Baistrocchi
se
comprometieron
a
renunciar
al
premio
Jerónimo
Luis
2019,
otorgado
por
la
Municipalidad
de
Córdoba
como
titulares
de
la
firma
Buenas
Noches
Producciones,
como
“expresión
de
arrepentimiento
y
gesto
de
pública
disculpa”
con
la
víctima.
Durante
el
juicio
abreviado,
la
Cámara
Criminal
y
Correccional
de
6°
Nominación
también
condenó
a
Walter
Fabián
Barreto
como
autor
del
delito
de
homicidio
simple
y
le
impuso
la
pena
de
ocho
años
de
prisión
efectiva.
Barreto
era
la
persona
que
había
sido
contratada
por
la
empresa
organizadora
de
la
fiesta
electrónica
para
brindar
el
servicio
médico
adicional,
aunque
no
tenía
título
habilitante.
Además,
fue
condenado
a
tres
años
de
prisión
condicional
el
guardia
de
seguridad
Mario
Alfredo
Novaro,
como
partícipe
necesario
del
delito
de
facilitación
de
lugar
para
consumo
de
estupefacientes
doblemente
agravado.
Se
le
impuso
una
inhabilitación
especial
por
seis
años
para
desarrollar
cualquier
actividad
vinculada
a
tareas
de
organización,
participación,
supervisión,
seguridad
y
control
en
fiestas
electrónicas
como
así
también
una
inhabilitación
por
nueve
años
para
ejercer
el
comercio.
Y,
además,
deberá
realizar
trabajo
comunitario
durante
tres
horas
semanales
en
la
Fundación
Moviendo
Montañas.
El
tribunal,
integrado
por
los
camaristas
Enrique
Buteler,
Pablo
Brandán
y
Esteban
Díaz
Reyna,
exhortó
a
la
Municipalidad
de
Córdoba
y
demás
autoridades
competentes
a
no
habilitar
y
prohibir
las
fiestas
electrónicas
debido
al
“altísimo
riesgo
para
la
salud”
que
en
ellas
se
suele
presentar
habitualmente,
a
raíz
del
consumo
masivo
de
estupefacientes
que
los
caracteriza,
conforme
lo
expresado
en
esta
misma
causa
por
el
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Córdoba.
En
este
sentido,
los
camaristas
enfatizaron
que
los
propios
acusados
que
conocen
en
profundidad
esta
actividad
la
definieron
en
el
juicio
como
“riesgosa
para
la
vida
y
salud
de
las
personas”.
En
tal
sentido,
recordaron
que,
en
eventos
similares,
se
produjeron
otras
muertes
producidas,
incluso,
posteriores
al
deceso
de
Tania
Abrile.
Asimismo,
felicitaron
a
los
fiscales
a
cargo
de
la
investigación
de
la
causa,
en
particular,
al
fiscal
Marcelo
Sicardi,
quien
estuvo
presente
en
la
sala
de
audiencias,
convocado
por
la
Fiscalía
de
Cámara.
Finalmente,
el
tribunal
“corrió
vista”
a
la
Fiscalía
de
Instrucción
competente
para
que
investigue
eventuales
responsabilidades
penales
de
funcionarios
municipales
por
admitir
que
para
la
habilitación
del
evento
se
empleara
un
servicio
médico
adicional
contratado
por
los
imputados
que
no
estaba
habilitada
para
funcionar
de
ese
modo.
También
solicitó
que
se
investigue
la
falta
de
control
de
los
títulos
médicos
de
los
supuestos
profesionales
de
medicina
involucrados
en
el
evento.