El
femicidio
de
Andrea
Castana,
ocurrido
el
11
de
marzo
de
2015
en
el
Cerro
La
Cruz
de
Villa
Carlos
Paz,
sigue
impune
tras
una
década
de
investigación.
Ante
la
falta
de
avances
significativos
en
la
causa,
la
concejal
del
PRO,
Noelia
García
Roñoni,
presentó
un
proyecto
de
ordenanza
que
busca
ampliar
la
difusión
del
caso
con
el
objetivo
de
obtener
información
clave
que
permita
esclarecer
el
crimen.
La
iniciativa
propone
la
colocación
de
afiches
en
todos
los
edificios
públicos
y
dependencias
municipales
con
la
imagen
de
Andrea
Castana
con
datos
específicos
de
contacto
con
la
fiscalía,
recordando
la
recompensa
vigente
de
la
recompensa
vigente
a
quien
aporte
información
certera
que
permita
determinar
la
identidad
del
o
los
responsables
de
este
luctuoso
caso.
En
los
vistos
y
considerando,
García
Roñoni
el
caso
de
Andrea
Castana
sacudió
a
toda
la
comunidad
carlospacense
y
reveló
un
patrón
de
delitos
similares
en
los
senderos
del
Cerro
La
Cruz,
incluyendo
violaciones
y
homicidios
sin
resolver.
La
investigación
actual
se
basa
en
la
hipótesis
de
que
un
violador
serial
sería
el
responsable
del
crimen,
luego
de
que
un
análisis
genético
vinculara
el
ADN
encontrado
en
el
cuerpo
de
Andrea
con
el
de
otra
víctima
de
abuso
en
2004,
ocurrida
en
el
mismo
sector
y
con
el
mismo
modus
operandi.
El
impacto
del
caso
trascendió
las
fronteras
y
logró
la
intervención
del
Buró
Federal
de
Investigaciones
(FBI)
de
Estados
Unidos,
que
colabora
en
un
proceso
de
genealogía
genética
para
rastrear
al
agresor.
A
pesar
de
estos
esfuerzos,
el
avance
de
la
investigación
sigue
siendo
limitado,
y
gran
parte
de
la
sociedad
aún
sostiene
teorías
alternativas
sobre
la
autoría
del
crimen.
Proyecto
El
proyecto
de
ordenanza
establece
en
su
artículo
1
la
necesidad
de
dar
a
difusión
en
todos
los
edificios
públicos
y
dependencias
municipales,
afiches
con
la
foto
de
víctima,
la
dirección
de
la
fiscalía
donde
poder
aportar
información
importante
sobre
el
caso,
y
el
monto
de
la
recompensa
a
cambio
de
la
misma,
que
al
día
de
la
fecha
de
la
presente
ordenanza
asciende
a
$10.000.000
(diez
millones
de
pesos).
También,
comunicar
que
se
siguen
tomando
muestras
genéticas
de
ADN
de
manera
voluntaria
para
todos
aquellos
interesados
en
aportar
al
caso.
En
su
artículo
2,
propone
crear
una
campaña
de
difusión
por
medios
de
comunicación
tradicionales
(radio,
diarios,
televisión)
y
medios
electrónicos,
sobre
la
localización
de
la
dependencia
judicial
a
la
cual
puede
brindarse
información
sobre
el
caso,
o
bien
el
número
telefónico
pertinente.
Por
último,
establece
en
su
artículo
3
que
la
duración
de
la
mencionada
campaña
sea
durante
“el
mes
de
marzo
y
abril
de
cada
año
a
partir
del
corriente
2025,
hasta
tanto
la
justicia
logre
resolver
el
caso”.