La
Justicia
federal
dictó
este
jueves
una
medida
cautelar
que
frena
por
seis
meses
el
decreto
del
presidente
Javier
Milei
que
disponía
la
disolución
de
la
Dirección
Nacional
de
Vialidad
(DNV),
uno
de
los
organismos
clave
en
la
gestión
de
la
infraestructura
vial
del
país.
La
resolución
fue
emitida
por
el
Juzgado
Federal
en
lo
Civil,
Comercial
y
Contencioso
Administrativo
N°
2
de
San
Martín,
a
cargo
de
la
jueza
Martina
Forns,
quien
consideró
que
la
medida
impulsada
por
el
Ejecutivo
“afecta
de
forma
arbitraria”
la
estabilidad
laboral
de
los
más
de
5.000
trabajadores
de
la
DNV.
El
fallo
suspende
la
aplicación
del
Decreto
461/2025
y
prohíbe
al
Poder
Ejecutivo
realizar
cualquier
acción
administrativa
derivada
del
mismo,
incluyendo
despidos,
traslados,
suspensiones,
cesantías,
reestructuraciones
o
pases
a
disponibilidad
dentro
del
organismo.
Reclamo
sindical
y
derechos
laborales
La
cautelar
responde
a
un
amparo
presentado
por
el
Sindicato
de
Empleados
de
Vialidad
Nacional
(SEVINA),
que
argumentó
que
el
cierre
del
ente
vulnera
derechos
laborales,
sindicales
y
colectivos
consagrados
en
la
Constitución
Nacional
y
en
convenios
de
la
Organización
Internacional
del
Trabajo
(OIT).
En
su
dictamen,
la
jueza
Forns
subrayó
que
la
Dirección
Nacional
de
Vialidad,
creada
en
1958
por
el
Decreto
Ley
505,
posee
carácter
autárquico
y
se
rige
por
la
Ley
de
Contrato
de
Trabajo,
por
lo
cual
su
disolución
requiere
un
tratamiento
legal
acorde
con
ese
marco
normativo.
Un
organismo
estratégico
en
disputa
La
medida
del
Ejecutivo,
oficializada
el
8
de
julio
en
el
Boletín
Oficial,
buscaba
desmantelar
la
estructura
de
la
DNV,
traspasando
funciones
al
Ministerio
de
Economía
y
a
la
flamante
Agencia
de
Control
de
Concesiones
y
Servicios
Públicos
de
Transporte,
encabezada
por
Federico
Sturzenegger.
Sin
embargo,
el
fallo
advierte
que
la
decisión
gubernamental
no
solo
afecta
los
derechos
de
los
trabajadores,
sino
que
también
podría
comprometer
la
administración
de
más
de
40.000
kilómetros
de
rutas
nacionales,
actualmente
bajo
la
órbita
de
Vialidad.
Debate
en
curso
La
resolución
judicial
representa
un
nuevo
revés
para
el
gobierno
de
Milei,
en
medio
de
crecientes
críticas
por
el
estado
de
las
rutas
y
la
centralización
de
funciones
públicas.
Gobernadores
como
Martín
Llaryora,
de
Córdoba,
y
funcionarios
provinciales
de
Santa
Fe
ya
habían
cuestionado
el
cierre
del
organismo.
Aunque
la
medida
cautelar
frena
el
avance
del
decreto,
la
Justicia
aún
debe
pronunciarse
sobre
su
constitucionalidad,
un
fallo
que
podría
ser
decisivo
para
el
futuro
de
Vialidad
Nacional
y
del
modelo
de
obra
pública
en
el
país.