El legislador por el departamento de Punilla, Walter Gispert (FC), presentó un pedido de informes en la Legislatura de Córdoba solicitando al Poder Ejecutivo provincial, y por su intermedio al Banco de la Provincia de Córdoba, que brinde precisiones sobre el posible cierre, reducción o transformación de sucursales y la eventual disminución o traslado de cajeros automáticos en distintas localidades del interior.
La iniciativa surgió a partir de versiones periodísticas que advirtieron sobre modificaciones en la presencia territorial de la entidad bancaria provincial. En este sentido, el proyecto solicita conocer si dichas medidas se encuentran en evaluación o ejecución, cuáles serían los puntos afectados, los motivos que las fundamentan y las acciones previstas para garantizar la continuidad del servicio financiero en las comunidades involucradas.
Gispert destacó que el Banco de Córdoba cumple un rol estratégico en el desarrollo económico y social, especialmente en localidades donde constituye el único acceso a servicios financieros formales. Asimismo, remarcó la importancia de resguardar la inclusión financiera, el acceso al efectivo y la atención presencial para jubilados, pensionados, comerciantes, pequeños productores y vecinos del interior provincial.
“El ordenamiento del gasto público no puede traducirse en menos servicios para los cordobeses. Si hay que optimizar recursos, debe hacerse reduciendo gastos superfluos y no retirando herramientas fundamentales para la comunidad”, expresó el legislador.
El pedido de informes también requiere detalles sobre el plan estratégico del Banco respecto a su presencia territorial, la posible implementación de políticas de digitalización y las proyecciones para los próximos 24 meses.
Preocupación en el valle de Punilla
Según trascendió, la determinación de Bancor, que viene impulsando una reducción de su presencia territorial en el interior provincial, es cerrar numerosas sucursales en todo Punilla como parte de este proceso.
El caso de Tanti resulta particularmente ilustrativo. Allí, la Municipalidad no solo presta el local donde funciona la sucursal, sino que además se hace cargo de los costos adicionales y del servicio de limpieza. Aun así, Bancor manifestó su intención de retirarse del lugar y ofreció, como única alternativa, dejar un cajero automático a un costo de 1.700 dólares mensuales, un monto que debería afrontar el municipio.
Por su parte, el intendente de Huerta Grande, Germán Corazza, confirmó que la noticia fue comunicada de manera informal a los jefes comunales. “Nos juntamos con los intendentes del Centro de Punilla porque el Banco Córdoba dispuso que todos los cajeros están dando pérdida y quieren retirarlos de todas las localidades a partir del 1 de marzo”, expresó.
Corazza advirtió sobre el impacto económico que podría generar la medida en Villa Giardino, Huerta Grande y Valle Hermoso. “Al sacar los cajeros hace retroceder la economía de estas localidades”, sostuvo en declaraciones al Diario Prensa del Centro.
Además, señaló que el intendente de La Falda, Javier Dieminger, también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que durante los fines de semana largos la ciudad quede sin disponibilidad de efectivo.
Según indicó el mandatario, la comunicación se realizó el martes pasado vía telefónica y aún no hubo notificación formal. “No han notificado nada legalmente, pero fueron determinantes, creemos que es una decisión tomada por el banco”, afirmó.
Frente a este escenario, los intendentes anticiparon que presentarán un reclamo conjunto. “Vamos a reunirnos y plantear todas nuestras preocupaciones y necesidades. Todos los empleados municipales cobran por Banco Córdoba y el cajero es muy necesario”, remarcó Corazza.