El Gobierno de Perú dispuso hoy el toque de queda en la región andina de Puno, en el sur del país, convertida en epicentro de violentas protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que dejaron ya 18 muertos en dos días por los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes.
Paralelamente, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, informó que ordenó la apertura de una investigación por presunto genocidio y otros delitos a Boluarte y tres ministros en relación con esos hechos.
“Se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 hasta las 4 de la mañana”, anunció el jefe de Gabinete, Alberto Otárola ante el pleno del Congreso.
La cifra de víctimas fatales fue aumentando desde la tarde de ayer y aunque el último informe de la Defensoría del Pueblo habló de 17 muertos, el número llegó a 18 con la confirmación de que también murió un policía, cuyo cuerpo calcinado fue encontrado hoy en la urbanización Tambopata.
De un total de 40 heridos graves que había anoche, cinco civiles se sumaron a la nómina de muertos, en su mayoría por impactos de proyectil, según detalló un responsable sanitario del hospital Carlos Monge.
“Ya hay una investigación abierta de diligencias preliminares de los hechos ocurridos en diciembre y el día de hoy estamos tomando la decisión de abrir una nueva carpeta fiscal” sobre la conducta de la jefa del Estado con respecto a los hechos de ayer en Puno, dijo Benavides a la prensa, según el diario limeño Perú 21.
Más tarde, el Ministerio Público informó en un comunicado que la investigación preliminar, además de a Boluarte, alcanza a Otárola y a los ministros del Interior, Víctor Rojas, y de Defensa, Jorge Chávez.
La indagación se basa en “los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, precisó el documento, publicado en Twitter.
Esa medida se suma a las diligencias preliminares tomadas por la fiscal sobre Otárola y la mandataria por el fallecimiento de 28 civiles en las manifestaciones realizadas en diciembre.