El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, hizo lugar a los amparos del Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA. El magistrado consideró un “mecanismo extraconstitucional” la cláusula que condicionaba la ejecución de los fondos.
En un revés judicial para el Gobierno nacional, la Justicia federal declaró inconstitucional el freno a la Ley de Presupuesto Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo su aplicación inmediata. El fallo de primera instancia invalida la estrategia reglamentaria utilizada por la Casa Rosada para mantener paralizados los fondos aprobados por el Congreso.
La sentencia del juez Martín Cormick invalida parcialmente el Decreto 759/2025 —firmado por el presidente Javier Milei, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Sandra Pettovello— en el punto que condicionaba la ejecución de la ley a que el Parlamento asignara partidas presupuestarias específicas, amparándose en la Ley de Administración Financiera.
Con esta decisión, el magistrado dio respuesta favorable a la demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes y diversas casas de altos estudios del país.
Un “mecanismo extraconstitucional”
En los fundamentos de su fallo, Cormick señaló que el Ejecutivo aplicó una limitación irrazonable tras la insistencia del Congreso. La norma (Ley 27.795) había sido vetada originalmente por Milei, pero en octubre de 2025 ambas cámaras insistieron con más de dos tercios de los votos, obligando a su promulgación.
Para el juez, sumar exigencias en la reglamentación funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” de bloqueo, dado que, tras la insistencia legislativa con mayorías cualificadas, el único camino constitucional del Presidente era promulgar la norma sin restricciones.
Asimismo, el magistrado remarcó que el propio texto de la norma aprobada fijaba criterios para redistribuir partidas y que el Gobierno disponía de herramientas administrativas para instrumentarla. En ese sentido, recordó que durante las prórrogas presupuestarias la Jefatura de Gabinete reasignó fondos en múltiples ocasiones para otros destinos, por lo que podía aplicar el mismo criterio para financiar a las universidades.
Qué establece la ley y los salarios docentes
La Ley de Financiamiento Universitario encomienda al Ejecutivo la garantía de fondos indispensables para el funcionamiento operativo, investigación, extensión e infraestructura tecnológica de la educación superior. Entre sus puntos clave, exige la recomposición salarial para docentes y nodocentes de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumado a la incorporación de sumas no remunerativas al básico.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso citados en la causa, el costo fiscal de la implementación para el período 2025 representaba el 0,23% del PBI.
Con este fallo, el juzgado ordena a la Casa Rosada dictar de forma urgente la reglamentación ejecutoria necesaria para reasignar partidas y garantizar el cumplimiento efectivo de la l